El giro a la derecha de Chávez: realismo de Estado frente a solidaridad internacional
Kaos en la Red
Por James Petras
Introducción
El radical gobierno "socialista bolivariano" de Hugo Chávez ha arrestado a varios líderes de la guerrilla colombiana y a un periodista izquierdista con ciudadanía sueca y se los ha entregado al gobierno derechista del presidente Juan Manuel Santos, obteniendo con ello los elogios y la gratitud del gobierno colombiano. La estrecha colaboración en curso entre un presidente de izquierdas y un régimen con un historial conocido de violaciónes de derechos humanos, torturas y desaparición de presos políticos ha dado lugar a protestas generalizadas de los defensores de la libertad civil, izquierdistas y populistas de América Latina y Europa, a la vez que complacía al establishment imperial euroamericano.
El 26 de abril de 2011, funcionarios de inmigración de Venezuela, basándose exclusivamente en información facilitada por la policía secreta colombiana (DAS), detuvieron a un ciudadano de nacionalidad sueca, Joaquín Pérez Becerra, periodista de origen colombiano, que acababa de llegar al país. Basándose en las denuncias de la policía secreta colombiana de que el ciudadano sueco era un líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Pérez fue extraditado a Colombia a las 48 horas. A pesar de la violación de los protocolos diplomáticos internacionales y la Constitución venezolana, esta acción tuvo el apoyo personal del presidente Chávez. Un mes más tarde, las fuerzas armadas venezolanas junto a sus homólogos de Colombia capturaron a un líder de las FARC, Guillermo Torres (alias Julián Conrado), que está a la espera de extradición a Colombia en una cárcel venezolana sin acceso a un abogado. El 17 de marzo, la inteligencia militar venezolana (DIM) detuvo a dos presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Carlos Tirado y Carlos Pérez, y los entregaron a la policía secreta colombiana.
La nueva imagen pública de Chávez como socio del régimen represivo de Colombia no es tan nueva, después de todo. El 13 de diciembre de 2004, Rodrigo Granda, portavoz internacional de las FARC y ciudadano naturalizado venezolano, cuya familia residía en Caracas, fue secuestrado por agentes venezolanos de paisano pertenecientes al servicio de inteligencia en el centro de Caracas donde había estado participando en una conferencia internacional, y fue llevado en secreto a Colombia con la aprobación del embajador venezolano en Bogotá. Tras varias semanas de protestas internacionales, incluidas las de muchos asistentes al congreso, el presidente Chávez efectuó una declaración que describía el denominado secuestro como una violación de la soberanía de Venezuela, y amenazó con romper las relaciones con Colombia. Más recientemente, Venezuela ha incrementado la extradición de revolucionarios opositores políticos del narcos-régimen colombiano: en los primeros cinco meses de 2009, Venezuela extraditó a 15 presuntos miembros del ELN, y en noviembre de 2010 a un militante de las FARC y dos presuntos miembros del ELN fueron entregados a la policía colombiana. En enero de 2011, Nilson Terán Ferreira, supuesto líder del ELN, fue entregado a los militares colombianos. La colaboración entre los más notorios regímenes derechistas de América Latina y el gobierno socialista supuestamente más radical plantea importantes preguntas sobre el significado de las identidades políticas y su relación con la política nacional e internacional, y, más concretamente, qué principios e intereses guían las políticas del Estado.
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